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¿Poder Judicial, república independiente? Así respondieron los candidatos a la presidencia de la Corte

by Allan Arroyo

Altos salarios, las llamadas “pensiones de lujo” y presuntos privilegios. Esa imagen se mantiene en la mente de los ciudadanos y podría ser una de las razones por las que la confianza en el Poder Judicial cayó en los últimos meses, según el informe Estado de la Justicia 2022.

Noticias Columbia realizó un foro en el que pudo abordar este y otros temas con los cinco magistrados, tres hombres y dos mujeres, que aspiraban a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, elección prevista para este lunes.

Aspirantes a la presidencia de la Corte hablaron de sus prioridades y propuestas para mejorar la confianza y reducir tiempos de respuesta a los ciudadanos

Ante la pregunta de qué opinan ante esa frase: Poder Judicial como una república independiente, todos la rechazan y defienden, de una u otra forma, las medidas adoptadas en los últimos años para recudir costos.

Estas fueron las respuestas:

Orlando Aguirre Gómez, presidente de Sala II desde 1991 y magistrado propietario desde 1989.

“No, no es cierto eso. Es que usted sabe que también hay filosofías igualadoras que pensarían que que todos los policías deben ganar igual, tanto el que está haciendo las rondas en las calles o en las esquinas como el policía del Organismo de Investigación Judicial. Piensa que que todos los abogados deben de ganar igual, o sea que los jueces hay que meterlos y medirlos igual. Ahora con las nuevas normas de fortalecimiento de finanzas de las finanzas públicas estamos sufriendo porque se bajan los salarios de los profesionales en administración de justicia y en términos generales, entonces son salarios con los cuales nosotros no podemos salir al mercado a a captar recursos humanos adecuados. Nosotros necesitamos tener una judicatura fuerte, independiente, y necesitamos tener una un Ministerio Público fuerte también independiente y una policía represiva.”

Roxana Chacón Artavia, magistrada propietaria de Sala II desde el 2018.

“Tenemos una realidad económica muy fuerte a nivel país, que eso es una responsabilidad de todos los poderes de la República y de todo los ciudadanos. Yo creo que esa responsabilidad desde el plano económico no la podemos evadir, han habido leyes que tenemos que respetar que están promulgadas que están vigentes como la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, también la Ley Marco de empleo público en que no ha empezado a regir, sino que rige dentro de unos pocos meses que cambia en mucho las diferentes situaciones con respecto a los pluses salariales en las diferentes instituciones. De hecho, eso ya está rigiendo a nivel de la del Poder Judicial con una reducción de la prohibición que se le paga a los profesionales, tanto a los licenciados como a los bachilleres, y también el resto de los pluses fueron nominalizados. Yo creo que también la labor del Poder Judicial dentro del país es única no tiene comparación con el resto de las instituciones porque la labor de ejercer justicia solamente los jueces son la la que la llevan a cabo en este país y a mí sí me parece fundamental que dentro de estos parámetros que tenemos de la Ley Marco de Empleo Público pudiéramos tratar de hacer una escala de salario único pero que pueda permitir una revaloración importante, no porque seamos una república independiente sino porque los jueces y jueces en el sistema de justicia en todos lados del mundo tienen que tener un salario importante para efectos de impartir justicia y garantizar también que no van a ser propensos a la corrupción.”

Luis Guillermo Rivas Loáiciga, presidente de Sala I desde el 2014 y magistrado propietario desde 1999

“Hemos sido enmarcados por las nuevas leyes y por ejemplo, nosotros los magistrados tenemos cuatro o cinco años de no tener aumentos salariales, se nos ha reducido los períodos de cesantía. Nosotros teníamos antes 12 cesantías y ahora tenemos ocho. A los empleados judiciales, a los magistrados ya pensionados se les ha reducido su pensión a la mitad, no es cierto que ellos reciban una pensión igual al salario. Los compañeros judiciales pasaron de poder jubilarse a los 59 años a los 60 años a los 65, yo tengo 73 y yo tengo 40 años de estar trabajando en el Poder Judicial. Nosotros aportamos a los fondos de pensión es un 13% en el IVM se aporta un dos, un tres por ciento. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme para adaptarnos a las nuevas leyes de empleo público y estableciendo las nuevas categorías con el objeto de adecuarse a las requerimientos del de la de las nuevas leyes porque efectivamente somos conscientes. El Poder Judicial es esencial mantener la paz y la investigación de los asuntos es una cosa indispensable en cualquier estado, porque si no se establece el caos y el desorden.”

Luis Fernando Salazar Alvarado, magistrado de Sala Constitucional desde el 2013

“Tenemos un crecimiento del presupuesto muy limitado. Tenemos incrementos salariales detenidos, pero sin duda el mayor esfuerzo debe venir por la casa. Si el ciudadano sigue pensando que nosotros tenemos esos privilegios pero no resolvemos lo que el ciudadano quiere, cuando le devolvamos al ciudadano una sentencia en el menor corto plazo posible, ese usuario va a estar satisfecho. Hay que enseñarle al ciudadano lo que el Poder Judicial hace con los recursos que tiene asignados pero tiene razón en estar molesto si ve que tenemos un presupuesto y no rendimos.”

Patricia Solano Castro, vicepresidenta de la Corte desde el 2019, presidenta de Sala III desde el 2020 y magistrada propietaria desde el 2018

“Si usted revisa las actas de la Asamblea Constituyente (de 1949) señala cuál es la importancia de la independencia financiera no porque tengamos que ser una república independiente, sino porque es la única manera de fortalecer a la judicatura. Una judicatura independiente es lo que le garantiza a usted, a sus parientes, a cualquiera, a mí, a mis parientes que lo que se de por parte del Poder Judicial sea legítimos. El constituyente asigna un 6% del producto al Poder Judicial y en los años anteriores, lo destinado a Judicatura dentro de ese presupuesto fue tres y medio por ciento. Nos asignan, más o menos, el 8% del presupuesto nacional, pero eso es porque incluye los órganos desconcentrados y Ministerio Público, OIJ y Defensa Pública, labores que no estaban asignadas originalmente al Poder Judicial.”

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